Noviembre, 2010 A tres meses de la detención de Camilo.
Somos familiares de Camilo Pérez Tamayo, chileno, de treinta y cuatro
años, detenido el sábado 14 de agosto de este año en un gran operativo
policial y mediático a cargo del Fiscal Alejandro Peña en el contexto
del llamado “Caso Bombas” (explosiones en la ciudad de Santiago,
ocurridas desde el año 2006).
En esta acción policial se detuvo a otras 13 personas y se allanó casas
okupas –casas ocupadas por jóvenes, conocidas por sus actividades
político culturales-. Lo mismo se hizo a otras cuatro casas
particulares, incluyendo la casa de Viviana Uribe, Presidenta del
Codepu, conocido organismo de derechos humanos cuyos archivos son
Patrimonio de la Humanidad y aceptados en los tribunales como prueba de
crímenes cometidos en dictadura.
Camilo fue aprendido en su casa en la comuna de La Florida de la ciudad
de Santiago, en presencia de su pareja y de uno de sus hijos, un
pequeño de dos años. Su detención fue grabada a la salida de la
Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y emitida sin
miramientos por cuatro canales de televisión. Un hecho que atenta
contra el derecho de privacidad y le condena ante la opinión pública
sin que haya mediado un justo proceso.
La investigación llevaba más de cinco años, y sorprende que se
efectuara el procedimiento después que el Ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, se quejara en el mes de junio por la falta de
pruebas en el “caso”. Sin embargo, pese a esa misma “falta de pruebas”
declarada por el Gobierno a la prensa, se le detiene, junto a otras 13
personas.
Camilo se define como anarquista “en contra de la explotación en todas
de sus formas”, y ha declarado en innumerables oportunidades escribir
para distintos libros de la llamada literatura libertaria, realizando,
a su vez, una investigación acerca de los movimientos anarquistas desde
el siglo diecinueve. No obstante, como familiares declaramos que ésta
no es una razón para que se le acuse de “terrorista” y se le indique
como miembro de una “asociación ilícita”, concepto ilógico y
contradictorio en un grupo de muchachos con ideas anarquistas que se
organizan de forma horizontal, sin líderes ni subalternos.
Con esto, y a raíz de falta de pruebas contundentes, -como en los
peores años de la dictadura- se castiga y se criminaliza la posición
política, la ideología, la opción de vida. Una criminalización que se
hace de la mano de la Ley Antiterrorista; ley desprestigiada,
unilateral e injusta que permite entre otras cosas a la Fiscalía ocupar
testigos protegidos y decretar prisiones preventivas arbitrarias. La
misma ley que está siendo modificada o simplemente prescindida en los
casos del llamado “conflicto mapuche”, donde la opinión pública
favorablemente ha presionado para conseguir juicios justos y derogación
de la Ley.
La relación de este Fiscal con la prensa queda muy clara en el manejo
de la información para moldear a la opinión pública y condenar a priori
a los detenidos. Se inicia con la noticia de que estas personas habrían
participado en más de cien atentados, información reiterada en todos
los noticiarios estelares. Y una vez detenidos y exhibidos en las
pantallas, se cambia la información y se señalan sólo 26 atentados, a
pesar de que la formalización real se hace concretamente sólo por seis
explosiones.
Nos parece que la Fiscalía ha empleado el mismo método que en
dictadura; realizar una campaña de desprestigio a través de la prensa y
modelar la opinión pública al punto que pasa desapercibida la debilidad
de sus pruebas y evidencias basadas en escuchas telefónicas. A Camilo
se le inculpa por su amistad con Mauricio Morales (joven que falleció
manipulando artefactos explosivos), por sus fotos con Mauricio, y sus
escritos sobre él, además de la tenencia de un mapa de Google Earth,
que indica distintas explosiones en Santiago, pero que fue
paradójicamente extraído por Camilo del mismo diario La Tercera.
Es en este escenario, es que queremos denunciar que desde ese 14 de agosto han
ocurrido grandes irregularidades:
La primera dice relación con que dentro de las “fuertes y seguras”
instalaciones de la Cárcel de Alta Seguridad, funcionarios de la
Policía de Investigaciones extraviaron el carnet de identidad de Camilo
en el mismo ingreso, sin dar respuesta hasta la fecha. La situación
que fue debidamente denunciada es delicada ya que sin carnet no puede
acceder a beneficios carcelarios que le exijan una firma periódica, y
resulta extremadamente delicada además porque ocurre en plena
investigación, donde su cédula puede ser utilizada con otros fines,
incluso inculparlo en algún delito.
La segunda es que fue trasladado hace algún tiempo a la Cárcel
Santiago 1, conocido lugar de prisión para delincuentes comunes. En
este sitio fue imposible ingresarle alimentos, y es trascendental, ya
que debido a su opción de vida, no consume carne ni leche. Por lo
tanto, cuando fue trasladado a ese lugar iniciamos una pequeña lucha
para que retornara al CAS y afortunadamente esa batalla fue ganada.
(Muy contradictorio nos parece que las razones que dio en la audiencia
la Fiscalía, el abogado del Ministerio de Interior y el abogado de
Gendarmería, para tal cambio, dicen relación con que él, junto a un
grupo de tres compañeros “no tenían antecedentes anteriores y no
constituían un peligro para la sociedad”).
La tercera irregularidad se constituye por la toma de una muestra de
sangre, sin su consentimiento, para obtener su ADN, pudiendo haberlo
obtenido de una manera menos invasiva, como sería desde la raíz del
pelo o la mucosidad de la boca. Nos preguntamos si ésta es una más de
las atribuciones de la Ley Antiterrorista.
Y la cuarta situación irregular, quizás la más grave, es que dentro de
Santiago 1, el pasado 27 de septiembre, de vuelta del 11° Juzgado de
Garantía, por no “bajar la mirada” como le ordenó uno de los
gendarmes, es fuertemente golpeado e insultado. Recibiendo “llaves de
judo en el cuello” “punta pies en la espalda” “puñetazos” e insultos.
Situación que sólo terminó con la intervención de otro guardia.
Hoy, llamamos a tener presente lo que está ocurriendo en nuestro país.
Donde chilenos, una vez más, como si la historia se repitiera, son
apresados por vivir de una manera distinta, por cuestionar a la
autoridad y el poder, y por pensar distinto. Jóvenes detenidos por
pensar distinto.
Camilo Pérez Tamayo, padre de dos niños, quien además estudió Pedagogía
Básica en la Universidad de Los Lagos, y quien es sobrino directo de
Manuel Tamayo Martínez (detenido desaparecido de la dictadura de
Pinochet), es un ejemplo más de las injusticias cometidas en nombre y
bajo los aparatajes del Estado. Es testigo también de un Fiscal que a
todas luces quiere congratularse con el Gobierno de Derecha.
Como familiares de Camilo Pérez Tamayo y de Manuel Tamayo, pedimos fin
a la prisión preventiva de todos los presos políticos, y un posterior
juicio justo en un país que parece haber olvidado el tan universal
concepto de la justicia.
Familiares de Camilo Pérez Tamayo
