Nota VLA: En Chile, el Directorio de Información Comercial (DICOM) es una lista de personas que tienen deudas. Es administrado por la empresa Equifax S.A. y cualquier persona puede saber quién está o no en DICOM. Lo que ocurri{o en este caso es que a través de trucos, se envió al equipo persecutor del Caso Bombas a DICOM, creándole deudas que en ra realidad no existen. Estar en DICOM trae muchos «problemas» a la gente común, entre ellos no poder acceder a créditos bancarios e incluso no poder encontrar empleo.

El pasado Sábado 11 de Agosto El Mercurio (nota: más abajo adjuntamos el articulo) acusó a los okupas de un montaje para enviar a Jalandro Peña y su equipo a Dicom, acción que sería en venganza por el montaje del caso bombas. La prueba clave es el rastreo de una dirección IP a un computador de una casa okupa.

Al respecto nos sentimos obligados a señalar la falsedad absoluta de la información publicada por el mencionado pasquín.

La idea de inscribir a Jalandro y sus secuaces en el portal www.previred.comcomo empleadores evasores, nace de una reunión de amigos que buscaba solidarizar con nuestros compañeros imputados por el caso bombas. Sin embargo la venganza nunca estuvo en nuestra mente, pues si hubiera sido así, habríamos optado por el camino fácil de volar a alguno de los pelafustanes en plena noche en su casa y junto a su familia.

Pero nuestra opción fue realizar una crítica política a los tribunales y como sus resoluciones son un simple buzón en la burocracia del poder judicial.

En efecto, Peña, Hinzpeter y su séquito sostienen que no hubo montaje pues sus acciones han sido respaldadas por las decisiones de los juzgados de garantía (once y octavo) y por las Cortes de Apelaciones (San Miguel y Santiago) que vieron las etapas iniciales de la causa. Normalmente en estas etapas la fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante, tocan el organillo y los jueces simplemente bailan al son de la música, cual monitos amaestrados, sin dedicar mayor tiempo a analizar las pruebas y argumentos presentados. Luego Peña pasa el sombrero y recibe del Ministerio del Interior el nada de despreciable sueldo de seis millones de pesos mensuales.

Nosotros quisimos hacernos eco del mismo raciocinio y sostener que nuestra acción ha sido respaldada por los jueces del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que en sendas resoluciones ha ordenado el embargo de bienes a Peña y compañía, llegando en varios casos a retener dinero de la devolución de impuestos de estos patrones evasores. Con las cosas así Jalandro no tiene nada que reprocharnos y no debiéramos temer nada de los tribunales. Pero como sabemos que en esta historia nos pusieron del lado de los malos, preferimos mantener el anonimato.

Lo que si nos frustra es que no logramos, con la información generada, que el tribunal dictara alguna orden de arresto.

Las causas pueden ser consultadas en el portal www.poderjudicial.cl. Algunos de los rol son 9257, 14714, 17957, 17898, 14689, 9247, 17538, 15111, 9185, todos del año 2012.

Claro que hay varias otras causas abiertas y seguramente otras que vendrán, pero su detección se las dejamos a los sabuesos de la Dipolcar y la Bipe.

Respecto a la detección de la IP, nos queda claro que no corresponde a ninguna okupa, pues la creación de las cuentas en Previred y las actualizaciones mensuales de las declaraciones y no pagos de cotizaciones previsionales, se realizaron desde computadores de universidades y en redes de uso público.

En lo que guarda relación al rol de los fiscales en este caso, llaman poderosamente la atención las palabras del presidente de los fiscales Pedro Orthusteguy que critica ácidamente a Jalandro, pero cuando le preguntaron por los otros cuatro fiscales que firmaron la acusación, los defiende con el argumento de que su actuación la realizaron por instrucciones de su superior. Este razonamiento no puede ser más barato y chabacano. La verdad es que Orthusteguy está molesto con su ex jefe Peña porque lo hacía trabajar y no le aguantaba que cuando estuviera con flojera archivara las causas sin investigar. Es conocido que la credibilidad de Orthusteguy es nula después de que fuera sancionado con una “amonestación privada” por dejar las investigaciones botadas para dedicarse a vender corbatas de seda y ser corredor de propiedades. A cualquier persona normal lo echan de su trabajo. Habría que preguntarle a Pedrito que tuvo que dar a cambio de conservar la pega, a pesar de que su actuación está expresamente prohibida por la ley.

¿Qué curioso? Otro fiscal que viola ley y sale libre de polvo y paja.

La comprensión que reciben los fiscales que fueron “obligados” a perseguir a los okupas, tienen una explicación en lo que Hannah Arendt llamó “la banalidad del mal”, para referirse a aquellos burócratas que participan de actos terribles escudándose en la obediencia para justificar su actuación, dentro de instituciones que practican la violencia sistemática (como el Estado y sus agentes donde están jueces, fiscales y policías). Estas personas con la excusa de solo cumplir órdenes y obligaciones pretenden librarse del eventual castigo. Este concepto de «banalidad del mal», nace del estudio del juicio al nazi Adolph Eichmann que utilizó el singular razonamiento de “sólo cumplí con mis órdenes y mis deberes», para deslindar responsabilidades en los miles de asesinatos en que participó. Sobra decir que sus argumentos no le sirvieron para evitar terminar retorciéndose colgado del pescuezo.

La obsesión con los okupas y ex lautaristas requiere un análisis en particular. No podemos dejar de mencionar lo sesgada que ha sido la investigación por el caso bombas. Cuando hommodolars publicó el análisis de Erik Marín, nos llamó la atención de que ninguno de nosotros estuviera mencionado en el listado de investigados. Luego cuando tuvimos acceso a las carpetas de la investigación comprobamos nuestras sospechas de que el objetivo era conseguir resultados rápidos y de carácter comunicacional, pues un amplio sector de la opinión pública saldrá a linchar, antorcha en mano cual película de Frankestein o Jorobado de Notre Damme, a los jóvenes de pelos de colores y peinados estrafalarios que abandonan el hogar materno para vivir en una casa tomada, da lo mismo si son culpabloes o no, si hay o no hay pruebas, lo importante es que son realmente raros y demuestran un absoluto desprecio por el orden social de los Mall, del auto nuevo en sesenta cuotas y de los mejores tiempos pasados en que “mi general” gobernaba.

Como casi todos nosotros somos mujeres y hombres dentro de lo que se llamaría convencionalmente “personas de bien”, con trabajo estable (en la medida de lo posible), familia y corte de pelo adecuado a un trabajo de oficina, simplemente se olvidaron de que somos anarquistas y no nos consideraron como sospechosos. O tal vez pensaron que mostrarnos desfilando de terno y corbata con fotos de nuestros hijos con sus pistolas de agua en la mano no serviría para demostrar lo malos que podemos llegar a ser.

Por último, debemos recordar que en la historia de Chile han existido dos fiscales nombrados ad-hoc por el gobierno de turno: Fernando Torres Silva y Alejandro Peña Ceballos. Cualquier similitud entre los dos personajes señor lector, tenga seguro que no es casualidad.

A cada montaje del poder, mil respuestas solidarias.
Libertad a todos los presos sociales y políticos del mundo.
Por la revolución social aquí y ahora.

Solidarios con los imputados e investigados del caso bombas
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El articulo de El Mercurio:

Sábado 11 de Agosto de 2012

Ministerio Público y Carabineros realizan indagatoria
Insólita venganza de presuntos okupas: mandaron a Dicom a investigadores del caso Bombas

Les generaron deudas previsionales tras inscribirlos con sus datos como supuestos empleadores en una firma que opera por internet para cautelar que se efectúen esos pagos. Pedro Lezaeta Aprovechando lo que se perfila como una posible vulnerabilidad del sistema, un presunto grupo de okupas materializó una insólita «venganza» contra investigadores del caso Bombas a quienes les generaron, vía maniobras ilícitas por Internet, antecedentes comerciales negativos por lo que fueron pasados a Dicom.

Los afectados son el ex fiscal regional sur de Santiago Alejandro Peña, los persecutores Víctor Núñez, Francisco Rojas y Marcelo Apablaza; el ex director de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos; el prefecto inspector de la PDI y jefe de Inteligencia, Mario Loyola, y el subprefecto Pedro Silva, también de la PDI. A ellos se suman, además, dos ex carabineros que no tendrían relación directa con la indagatoria de los atentados explosivos.

¿Cómo llegaron a Dicom?

Hasta donde ha establecido la Fiscalía Centro Norte y Carabineros, que iniciaron una investigación esta semana, individuos usaron datos personales de los afectados -nombres completos y rut, básicamente- para inscribirlos como empleadores en la página de internet de una empresa que funciona como intermediaria de las declaraciones y pagos previsionales. De hecho, mediante este ardid, las víctimas aparecían como contratantes de personas que ofrecen servicios domésticos.

Sin embargo, nunca hubo movimientos de pagos de cotizaciones de parte de los «empleadores» por lo que la firma intermediaria, explica una fuente cercana a la investigación penal por suplantación de identidad, pasó los antecedentes de los supuestos deudores a Dicom.

Pero el tema no llega hasta aquí. Los policías han podido establecer que la inscripción por internet de los datos de los afectados se materializó en un computador que estuvo instalado en una casa okupa de calle Echaurren, sector centro poniente de la capital.

Precisamente los grupos okupas fueron un eje fundamental de la investigación por los bombazos, dado que la fiscalía indicó que los espacios en que se reunían eran los «centros de poder» donde se planeaban los atentados.

Conforme con los datos recopilados por los investigadores del caso, la acciones de suplantación se materializaron en octubre, previo al inicio del juicio oral por el caso Bombas, pero también durante la realización de las audiencias.

¿Sistema débil?

Uno de los puntos que ha encendido las alertas en quienes indagan el hecho, según se dijo a este diario, es la facilidad con que se pudo generar la situación contra los afectados. Ellos, de acuerdo a las diligencias policiales efectuadas hasta ahora, en ningún momento recibieron alguna notificación o fueron sometidos a un proceso de verificación para establecer si estaba en regla la inscripción que los convirtió en empleadores para el sistema de cotizaciones provisionales.

$135 milen promedio era el monto de deuda supuesta por el que los afectados pasaron a Dicom. Presuntamente eran empleadores de nanas, choferes y jardineros.

Unode los afectados se dio cuenta de que estaba en Dicom al realizar un trámite personal. Informó a Carabineros y se abrió la investigación esta semana.