En la noche del viernes 19 de agosto un miembro de la Policía Nacional asesinó a Diego Felipe Becerra, un joven de 16 años de edad. Denominarlo así no es una exageración, tampoco un despropósito. Esa noche, Felipe y otros compañeros practicaban una afición compartida por muchos y muchas jóvenes en la ciudad, grafiteaban en el puente ubicado en la calle 116 con avenida Boyacá, cuando fueron sorprendidos por personal policial, iniciándose así una operación abyecta y repudiable de control de, lo que ellos mismos afirman, “seguridad ciudadana”.

Al igual que muchos de nosotros y nosotras, que conocemos que el resultado de esos operativos es pasar un tiempo retenidos en las unidades permanentes de justicia (UPJ), Diego Felipe y sus compañeros salieron a correr. Los policías, al ver la reacción de los jóvenes, no tardaron en disponerse a la persecución, no podían dejar de garantizar el orden en la ciudad ante la “incivilidad” que representa hacer grafitis, tampoco podían dejar pasar una oportunidad de consignar un caso más en los índices de control (para nadie es un secreto que las estaciones cuentan sus registros de “upejotazos” como un criterio de eficiencia de la actividad policial).

El resultado: un disparo a escasos 180 centímetros de distancia (según las propias declaraciones radiales del Instituto de Medicina Legal) derriba a Diego Felipe y le causa la muerte minutos más tarde en la Clínica Shaio, centro médico cercano al lugar de los hechos. En Bogotá, la Policía garantizó la seguridad ciudadana afectando, de una forma tan grave, a los mismos ciudadanos.

En lugar de reconocer la insoportable evidencia de otro caso de la más pura brutalidad policial, los miembros de este cuerpo comenzaron inmediatamente a sembrar confusión sobre lo sucedido, además de sembrar algunos elementos, como un arma de fuego. Según la versión policial, Diego Felipe y sus compañeros acababan de realizar un asalto a un vehículo de transporte público y, en la huida, la policía tuvo que reaccionar de esa manera ante un crimen tan grave. Como respaldo de tales afirmaciones presentan el arma encontrada y la versión de un conductor de transporte público.

Frente a esto, vale hacer dos preguntas: ¿siendo esto así, por qué entonces uno de sus compañeros estuvo presente en la clínica y colaboró con su traslado, no se supondría que como miembro de una banda de asaltadores de vehículos de transporte público debía ser judicializado de inmediato, juzgado con prontitud por su acción criminal? y ¿aunque haya sido como la Policía intentó que se creyera, en qué momento empezó a creer el patrullero perpetrador que tenía la licencia de dispararle a un joven ciudadano por la espalda, a escasos cuatro pasos de distancia?

Las declaraciones de Medicina legal, además de determinar la distancia del disparo, establecieron que en las manos de Diego Felipe había rastros de pintura utilizada en los grafitis, que minutos antes había realizado. En esta ocasión, ¡la Policía miente y trata de cubrir desesperadamente una violación flagrante a su pretendida misión de proteger los derechos de los ciudadanos!

Desde la Campaña por el Des-control de Nuestras Vidas rechazamos profundamente el suceso y extendemos un saludo respetuoso de solidaridad a la familia de Diego Felipe becerra, a sus personas amigas y allegadas. Compartimos también, la indignación y el oprobio que generan tanto el comportamiento irresponsable y criminal del patrullero, como las acciones tendientes a confundir e invisibilizar el hecho por parte de los demás policías.

Rechazamos de manera categórica y enfática esa violencia y brutalidad policial que se propaga en nuestra sociedad, vinculada con la idea de una seguridad a costa de la violación de las libertades de toda la ciudadanía, de hombres y mujeres, de jóvenes, de adultos. Nos opondremos activamente ante el pretendido control de nuestras vidas a través de mecanismos de vigilancia invasivos, de reacciones y ataques personales violentos como los que convocan nuestra indignación y solidaridad en esta ocasión, que privilegian un orden mezquino ante la propia vida de los que dicen proteger.

Las expresiones de la juventud no son criminales, ni vandálicas, ni bárbaras. En cambio, las reacciones que se gestan contra ellas están más cerca de esas calificaciones.

Fuente: La Haine