«Trasladados violentamente, Llanquileo a Concepción, Huillical a Nueva Imperial, Huenuche a Los Angeles, Llaitul en Victoria. Tememos por sus vidas»

La portavoz de los indígenas aludió de ese modo a la decisión de las autoridades chilenas de separar a los prisioneros, quienes estaban internados en el hospital de Victoria, región de La Araucanía, con un cuadro de extrema desnutrición y con verdadero riesgo de muerte, según alertaron sus familiares y especialistas médicos.

«Un traslado de este tipo, con la lejanía que consiste, puede significar la muerte de cualquiera de ellos», aseveró Llanquileo, quien declaró además a la prensa que los gendarmes maltrataron a los comuneros: «los esposaron y les pegaron».

Incluso, el director del hospital de Victoria, Joaquín Sanzana, confirmó el traslado, aunque no entregó antecedentes, reportó la radio Bío Bío, de la homónima región.

El temor de los cercanos a los mapuches es que con esta medida se les alimente a la fuerza vía intravenosa, acotó la emisora local.

Héctor Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo iniciaron el pasado 15 de marzo su segunda huelga de hambre en menos de un año en reclamo de un proceso justo y sin aplicación de la ley antiterrorista, instrumento jurídico aprobado durante la dictadura militar para silenciar la protesta social.

Los indígenas, sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, fueron condenados a larga prisión, acusados de participar en un atentado a un fiscal en 2008, hecho que las comunidades mapuches afirman fue un montaje para frenar la lucha reivindicativa de la etnia por sus tierras y su identidad.

Luego que la Corte Suprema legitimó el encausamiento en el llamado tribunal de Cañete, en el sur de Chile, los nativos dijeron continuarían con el ayuno hasta las últimas consecuencias porque con ese paso la justicia chilena había vuelto a validar la criticada ley antiterrorista.

La huelga continúa para que no se aplique más la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, sostuvieron.

En medio de tal escenario, las comunidades mapuches y fuerzas de la izquierda en Chile responsabilizaron al Estado de un posible desenlace fatal.

La alarmante situación no ha pasado inadvertida, ni siquiera al interior del oficialismo. Tal es así que el presidente del gobernante Partido de Renovación Nacional, Carlos Larraín, apuntó que «no hay ningún sistema judicial que logre mantenerse en pie, cuando la consecuencia de una sentencia acarree la muerte de alguien que no ha sido condenado a muerte».

«Un sistema judicial que se ve enfrentado a la muerte de uno o más procesados, es un sistema judicial que fracasa», manifestó Larraín.

Fuente: http://www.mapuexpress.net