Ayer, El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió abrir un sumario administrativo en contra del juez del Octavo Juzgado de Garantía, Luis Avilés, luego de la queja disciplinaria presentada por el Ministerio Público en su contra, tras los dichos del magistrado que criticaron abiertamente el trabajo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, tildando la investigación como de “cuarta categoría” y de utilizar argumentos de “sociología barata” para sustentar las acusaciones en contra de l@s compañer@s.
En votación dividida, se determinó abrir la instancia investigativa en contra del juez Avilés por considerar “graves” sus dichos, con el argumento de «la gravedad de las actuaciones del juez en relación a sus expresiones usadas en la audiencia respectiva».
El presidente subrogante de la Corte, Juan Escobar, detalló que «se estimaron que eran inapropiadas las expresiones vertidas por el magistrado Avilés en contra de los fiscales y los relacionados con el Juzgado de la jurisdicción sur, entre ella la Corte de Apelaciones de San Miguel».
En tanto, el ministro y ex presidente de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, deberá determinar si suspende o no de sus funciones a Avilés, luego de una investigación que tiene como plazo un mes.
Respecto a esto, es deducible la desesperación del ente persecutor por levantar del piso el montaje «caso bombas» que este 14 de junio, cumple 10 meses y que mantiene a nuestr@s compañer@s con arresto domiciliario, luego que durante la preparación del juicio oral el juez Avilés desestimara cerca de 5000 de las 7000 pruebas y descartara 300 de los 700 testigos (en su mayoría policías). Los fiscales se han hecho los ofendidos y han encontrado la excusa perfecta para quitar del camino los dolores de cabeza que este juez les ha traído.
Por ello, aprovechando la decisión de la corte suprema, han desechando hoy la «doble incriminación» que decretó el juez Avilés para sobreseer temporalmente a uno de l@s compañer@s. La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del titular del Octavo Juzgado de Garantía y ordenó llevar a cabo un juicio contra Cristián Cancino por el delito de colaboración en la colocación de bombas.
Junto con lo anterior, siendo parte de la misma partida de poker, el tribunal inhabilitó al magistrado Avilés de tomar alguna otra resolución respecto al compañero.
El asunto es el siguiente: una persona, bajo las leyes de este territorio dominado llamado Chile, no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito, menos aún cuando ya hay una sentencia dictada en su contra y una pena cumplida o por cumplir; lo que ocurre en este caso. Remontándonos al años 2009, luego de la muerte del compañero Mauricio Morales y de la campaña represiva en contra del entorno antiautoritario, Cristian fue detenido y acusado de poseer 475 gramos de pólvora, los cuales dicen haber encontrado en su habitación en la casa okupada en la que vivía. Aún cuando el compañero negó poseer dicha pólvora y desmentir absolutamente las acusaciones de la fiscalía, él, bajo el consejo de su/s abogado/s, decidió aceptar el juicio abreviado que le ofreció el ente persecutor, lo cual le restaría la reclusión efectiva (ir a prisión) a cambio de 3 años de firma mensual, entre otras medidas, si él se declaraba culpable, lo cual hizo.
Por ende, Cristían Cancino, fue detenido, enjuiciado y sentenciado ya por dicha causa y se encuentra firmando mensualmente desde ese entonces.
Aclarado esto, el argumento de los fiscales para solicitar que se revocara la resolución de primera instancia, es que los hechos por los cuales se sobreseyó al compañero no tienen relación directa con la condena por posesión de armas dictaminada el 2009, indicando que en la acusación presentada en contra de él se pidió una pena de 5 años y un día por su estatus de colaborador de la ficticia asociación ilícita para la colocación de artefactos explosivos.
¿Dónde entra Avilés aquí? Cuando la fiscalía armó las carpetas investigativas en contra de nuestr@s compañer@s, agregaron la carpeta de Cristian, tal y como estaba el 2009, a la misma causa que el resto, aún cuando se cerró su causa como confeso. Avilés, en los días de preparación de juicio, se dió cuenta de ésto, lo criticó y dictó el sobreseimiento del compañero en el «caso bombas» respecto a que se le vinculara con esos 475 gramos de pólvora, por lo que el compañero seguiría siendo investigado, pero solamente por lo referido a documentación e imágenes que tildan de «corte anarquista» encontradas cuando fue allanado. Resulta que de ser cierto que Cancino posee un estatus de colaborador en la asociación ilícita que buscan comprobar, deberían haber iniciado una nueva investigación en su contra y no basarse en una sentencia anterior, que es básicamente lo que la fiscalía esta haciendo.
Lo que en palabras del juez, es que «No se pueden enjuiciar dos veces el mismo hecho. Si el Ministerio Público tuvo una mala investigación en la causa anterior y lo condenó por ley de armas, no puede ahora volver a condenarlo por otro hecho», dijo el juez y agregó que no era admisible, ya que «esa pólvora, esa evidencia ya fue enjuiciada con respecto a Cancino».
«La Corte estableció que respecto a Cancino la acción judicial continúa, pero respecto a él las decisiones las debe tomar otro juez que no esté inhabilitado. No entiendo cómo lo va a hacer el Octavo Juzgado de Garantía, pero por el momento la resolución debe ser comunicada y ellos deben tomar la decisión de si esto sigue siendo sostenido por el juez Avilés o por otro magistrado no inhabilitado», sostuvo uno de los fiscales.
El Ministerio Público anunció que con esta resolución estudiarán si presentan una inhabilidad total del magistrado Avilés para que no conozca más el «caso Bombas» o si esperan el fin de la investigación en su contra.
Por último, no esta demás aclarar, que aquí no pretendemos ser paladines de la justicia y defender al señor Avilés, puesto que jueces, fiscales, gendarmes y policías, son parte del mismo enjambre en el cual se construye y sostiene esta sociedad carcelaria a la cual nos oponemos y contra la cual luchamos. Sin embargo, buscamos destapar el sucio juego jurídico policial que ha privado de libertad a nuestr@s compañer@s y que siempre tiene una carta bajo su putrefacta manga.
