La colocación de alrededor de 130 artefactos explosivos a entidades públicas y privadas desde el año 2005 a la fecha, ha implicado la actuación de cuatro fiscales con dedicación exclusiva para esclarecer estos hechos, ellos entregaron la investigación a los aparatos de inteligencia policial de carabineros e investigaciones (BIPE y DIPOLCAR), quienes desarrollaron al menos 8 líneas investigativas acerca de las posibles participaciones en estos atentados
, a saber : GAP-BLP, ex subversivos, CRA sectores organizados de Villa Francia, Centros Sociales Ocupados, bibliotecas populares, Brigada Anticapitalista y Mapuche; dispusieron de recursos por decenas de millones de pesos con el objetivo de seguir y espiar a unos quinientos sospechosos, a quienes, por cierto, no se les pudo comprobar delito alguno, resultando un proceso sin detenidos hasta agosto de 2010. Este escenario llevo a los actores y agentes del supuesto Estado de Derecho a coludirse al interior de sus estamentos con el fin de rediseñar su estrategia represiva echando mano a prácticas del terrorismo de Estado heredadas de la dictadura militar; planificando también un potente show policiaco-comunicacional que señalara a supuestos sospechosos y presuntos culpables. Justo antes de dar el golpe reclutaron a un fiscal ambicioso y carente de ética, distinto a quienes investigaron anteriormente no dejándose intimidar por funcionarios prepotentes productores del efectismo televisivo.

   De este modo, contratado el personaje farandulero, el gobierno da un nuevo paso para alcanzar su propósito en la persona del ministro del interior Hinzpeter, quien solicita en Junio del 2010 al fiscal nacional Sabas Chahuan, señalando “necesitamos resultados concretos en la investigación”, respondiendo éste “es necesario darle un nuevo enfoque a la investigación” (13/06/10). Así, y como resultado directo de estas presiones, que en forma inédita pusieron en cuestión la supuesta independencia entre los distintos poderes del estado, fue destituido el fiscal Armendariz y aparece en escena el mediático fiscal jefe de la fiscalía Sur, Alejandro Peña, quien arrastra denuncias por violencia intrafamiliar y prácticas antisindicales. Ahora actúa apadrinado desde el Ministerio del Interior. Su primer paso fue trasladar la competencia del 8º Juzgado de garantía de Santiago al 11º de San Miguel; este último verdadero feudo del fiscal, lugar donde consigna que se haga vista gorda ante la inconsistencia de las pruebas, el paso siguiente fue filtrar información policial a los diarios “El Mercurio” y “La Tercera” acerca del inventado perfil sobre los supuestos colocadores de bombas, sus líderes con pasado subversivo, su habitación en casas okupas, su adhesión a la ideología anarquista, sus vestimentas oscuras y traslados en bicicletas, entre otras ridiculeces. Siguiendo esta trama, luego de 58 días de asumir el cargo Peña y compañía desatan la feroz envestida represiva llamada “operación salamandra” en la madrugada del 14 de Agosto, donde catorce personas resultamos detenidas, cuatro de ellas ya interrogados anteriormente por el fiscal Armendariz, resultando libres por falta de méritos luego de aquellas diligencias.
El día 23 de Agosto del 2010 el gobierno en la persona del ministro Hinzpeter delicita a Peña; lo mismo que hace días antes el presidente Piñera al señalar que “cambió la mano” y que “este gobierno no les va a dejar ni una”. De esta manera queda clara la connivencia entre la fiscalía Sur y el gobierno, situación que llevará finalmente a premiar pública y descaradamente al mentado A. Peña con un destacado puesto en el ministerio del interior, desde donde podrá seguir y cualificar su actuar represivo y el del gobierno, su misión entre otras sería monitorear y desarticular todo movimiento social de resistencia incluidos huelgas, paros, marchas y conflictos diversos por ello es posible afirmar que Peña pasó a ser “juez y parte”.

   Hoy, a más de ocho meses secuestrados por el estado, nos encontramos realizando una huelga de hambre líquida, de carácter indefinido desde el pasado 21 de Febrero, en base a dos reivindicaciones principales: libertad inmediata para los imputados en este mal llamado “caso bombas” y la derogación de la ley antiterrorista. Hasta ahora hemos sabido del aporte generoso y consiente de diversas expresiones solidarias tanto individuales como organizadas, traducido en marchas mítines, foros, charlas, actividades diversas y múltiples gestiones, todas ellas expresiones concretas del necesario apoyo mutuo entre explotados y marginados, apoyo sin el cual no tendría sentido esta movilización.

   Hoy día nuestro completo y total rechazo a la ley antiterrorista, a sus implicaciones y consecuencias, se manifiesta también en una modificación específica sobre algunos de sus aspectos más odiosos y represivos, como es la figura de los “testigos protegidos” y el requerimiento de un voto unánime para otorgar una excarcelación e la corte de apelaciones, como lo exige el artículo 7 del inciso 19 de la Constitución Política.

   Por ello hacemos un llamado a pronunciarse en relación a la necesidad urgente de que el ministerio del interior retire sus querellas por ley antiterrorista en este caso, dado el espectáculo de arreglos y contubernios, que ha develado recientemente el impresentable traslado del fiscal Peña directamente a la oficina de dicho ministerio encargada de monitorear el conflicto social. Como corolario se le premian sus manejos ética y profesionalmente cuestionables. Es así como la trama del montaje “caso bombas” se aclara y evidencia.

   Nos parece necesario hacer presentes las irregularidades, vicios y falencias del proceso judicial al que nos encontramos sometidos, todo esto en el contexto de una denuncia al respecto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; apuntando así a las legítimas dudas y cuestionamiento que se nos presentan sobre la necesaria imparcialidad procesal que se supone garantiza un juicio justo.

  También consideramos importante realizar las gestiones necesarias en pos de ir estableciendo una instancia concreta que permita que nuestras demandas sean conocidas y debatidas por todos los actores que se ven involucrados dadas las características específicas de este proceso penal, por esto todos aquellos que puedan contribuir hacia la realización de este fin, son llamados a hacerlo.

   Por último exigimos el fin del hostigamiento permanente por parte de gendarmería hacia los imputados en este mal llamado “caso bombas”, expresado en la incomunicación que buscan imponer entre quienes habitamos distintos pisos de un mismo módulo al interior de la CAS. Ahora, que cada cual ponga lo suyo, todo empeño solidario es bienvenido.

   Informamos que de no ser escuchados nuestros planteamientos, a partir del 27 de Abril radicalizaremos nuestra movilización adoptando las medidas que estimemos necesarias.

Andrea Urzúa

Mónica Caballero

Rodolfo Retamales

Felipe Guerra

Camilo Perez

Carlos Riveros

Omar Hermosilla

Vinicio Aguilera

Francisco Solar

Pablo Morales