Dos meses en huelga de hambre y cerca de ocho en prisión cumplirán los inculpados en el denominado Caso Bombas. Y mientras el estado de salud de los acusados se deteriora, las suspicacias crecen en torno a las evidencias levantadas por la Fiscalía, que busca condenarlos por Asociación Ilícita Terrorista.

De cara a la audiencia preparatoria del Juicio Oral, el abogado defensor de Rodolfo Retamales – sindicado como líder de la supuesta operación – Alberto Espinoza, aseguró que toda la evidencia recolectada por el Ministerio Público carece de sustento jurídico.

Espinoza indicó que la Fiscalía ha exhibido pruebas repetidas e inauditas como la presentación de tarjetas de transporte público BIP, colillas de cigarros sin peritaje y juegos de llaves. Sin embargo, en todo este tiempo, no se ha incautado ni una sola arma de fuego, base para configurar delitos terroristas.

“Hay un conjunto de antecedentes que desde el punto de vista probatorio los podríamos considerar como basura judicial porque no tienen sustento para acreditar hechos jurídicos. Aquí no estamos hablando de asuntos civiles, sino criminales de imputación de delitos y de solicitud de altas penas que incluyen presidios perpetuos. Se acusa de una Asociación Ilícita Terrorista, pero lo curioso es que en este proceso no se ha incautado ningún arma de fuego que sea acompañada en la acusación como una evidencia, entonces no sé cuáles son los instrumentos con los que operaba esta asociación ilícita terrorista”, precisó Espinoza.

Espinoza indicó que conociendo estos antecedentes, el tribunal “no podrá llegar a otro resultado que no sea la absolución de los acusados”.

En esa misma línea, el vocero del secretariado europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, José Venturelli, insistió en que este caso es un “montaje” articulado por el Gobierno a través del Ministerio del Interior para criminalizar la protesta social.

“Aquí hay un montaje que es la característica de un sistema, que toma a las personas, les aplica la Ley Antiterrorista, para tratar de comunicar que lo único que importa es combatir a los criminales. La criminalización provoca miedo y este Gobierno en particular quiere pretender que ese es el único problema que existe. Sin embargo, cuando uno se entera de delitos económicos, como lo que está ocurriendo ahora con el agua Antofagasta, nadie hace nada porque los dueños son los Luksic”, manifestó.

Venturelli subrayó que mantener en prisión por tanto tiempo a un grupo de personas que aún no han sido condenadas atenta en contra de toda disposición internacional de protección a los derechos humanos y que también configura un tipo de tortura.

De hecho, los diez imputados estaban apresados la Cárcel de Alta Seguridad en celdas de dos por tres metros, aislados por 22 horas diarias y con restricción de visitas. La semana pasada lograron una audiencia y consiguieron ser trasladados a otro módulo en donde se les redujo el encierro en una hora.

Dardos contra Peña 

Tanto Espinoza como Venturelli apuntaron directamente al ex fiscal a cargo del caso, Alejandro Peña, como responsable de las irregularidades jurídicas que contienen las pruebas.

“Ese fiscal ahora está al servicio del Ministerio del Interior, como estuvo desde principios de la investigación. Él tuvo su designación a raíz de una conversación que sostuvo Sabas Chahuán con el ministro Hinzpeter, entonces que se haya ido a trabajar a esa secretaría de Estado no es novedoso porque su falta de objetividad es originaria. En la génesis misma de la designación de Peña hay una falta de objetividad. Y esto se corona con el traspaso a Interior”, denunció Espinoza.

Venturelli, por su parte, comentó que “los estuvieron siguiendo por cinco año y nunca encontraron nada. De repente aparece Alejandro Peña, que tiene fama de ejercer de forma poco clara, y logra una promoción. Interior, en tanto, utiliza a estos individuos para meterse en la justicia”.

Todavía no se ha designado a nadie para ocupar el cargo de Peña en la Fiscalía Metropolitana Sur y, hasta el momento, un fiscal interino lleva los procesos.

“Ser fiscal de la zona sur y asumir la acusación ante los tribunales es complejo y nadie lo quiere hacer. Porque si alguien tiene un mínimo de decencia profesional se va a encontrar con una acusación que es escandalosa, que no tiene mérito jurídico ni vinculante como para poder sostener una condena ante un tribunal independiente imparcial”, concluyó Espinoza.