1.
En Septiembre de 2009 comienzan las primeras detenciones realizadas bajo el pretexto de “desarticular” la CCF, así inaugurando el proceso de criminalizar las relaciones personales entre anarquistas y repartir órdenes de busca y captura como si fueran octavillas. Una táctica que tiene como objetivo golpear no sólo la CCF sino el entorno anarquista en su conjunto. De hecho, los mecanismos represivos utilizarán específicamente a esta organización como pretexto para atacar el entorno anarquista entero, sembrando el miedo y la incertidumbre en su seno.

En Octubre del mismo año, el Ministerio de Orden Público cambia su nombre, convirtiéndose en Ministerio de Protección del Ciudadano. Un hecho que, con cierta perplejidad, será interpretado como un embellecimiento. Sin embargo, el momento en que ocurre ese cambio de nombre no es para nada casual. Es decir, hablamos de un período en que la clase media pierde de golpe sus privilegios y sus derechos, con su calidad cayendo, de facto, de la del ciudadano a la del súbdito. El Ministerio en cuestión ya se encarga de proteger sólo a un pequeño gremio de capitalistas y poderosos que ni piensan perder sus privilegios.

Durante los años que siguen, muchísimas cosas van a cambiar, lo más importante será la despedida definitiva del modelo keynesiano y la trasformación del trabajo de un derecho a un privilegio. El Poder del Capital ya no está en posición de ofrecer el sueño pequeño-burgués y lo único que regala es la represión. No hay suficientes zanahorias para servir como motivación y únicamente el látigo puede ofrecer la solución.

La manifestación de la crisis, que había sido latente ya desde los finales de los años 70, lleva a la clase capitalista, en su esfuerzo de mantener sus beneficios, a las tácticas de la acumulación primaria y de la política colonialista aplicada incluso al interior del llamado Mundo Occidental. Puesto que no es capaz de obtener sus ganancias mediante el Santo Progreso, se entrega al puro saqueo. De este modo, el Poder del Capital se está militarizando. Militariza el trabajo reclutando empleados. Militariza la represión utilizando las fuerzas especiales de EKAM bajo cualquier pretexto. Militariza la Justicia, aplicando las leyes especiales a los sectores políticos que resisten.

Leyes especiales, que por el momento se aplican al entorno anarquista y mañana serán aplicadas a cualquier variante brechtiana de éste. Unas leyes especiales según las que basta con ser anarquista para  verse apuntado por la Sección Antiterrorista y luego encontrarse metido en unas actas de acusación huecas pero voluminosas.

2.
El procesamiento penal contra mi persona se realiza en este contexto político. Se trata de una persecución penal basada en idionymon* de anarquista y en la táctica de criminalizar las relaciones políticas y personales.

Un proceso penal que en una de sus partes, la que tiene que ver con la pertenencia a la CCF, se “basa” en el contacto que tenía con mi amigo, el compañero anarquista Kostas Sakkas. Lo interesante es que también él mismo niega ser miembro de la dicha organización. Además, la Antiterrorista me está presentando—y eso no es más que una mentira–como alguien que “en la estación de autobuses de Agrinio, con sus medidas de anti-seguimiento, cubría la espalda de un otro acusado en el mismo caso”, el cual, por cierto, también niega su pertenencia a la CCF.

La segunda parte del proceso penal tiene que ver con el hecho de que, según las fantasías de la Unidad Antiterrorista, yo habría participado en el atraco al Alfa Bank en isla de Paros, que concluyó en la muerte a tiros de un ciudadano que trataba de impedir la huida de los atracadores. Se trata de un proceso penal en el que la única prueba es una muestra de ADN en un objeto (sombrero) que fue encontrado cerca del banco; es decir una prueba que en ningún caso implica mi participación en el atraco. De todos modos, considero de muy dudosa validez el proceso en que ha sido recogida y analizada esa prueba.

Por lo tanto, el 10 de Junio estoy citado a presentarme en el Tribunal Tercero de Delitos Graves (compuesto por 3 jueces) situado en calle Loukareos de Atenas, acusado de pertenencia a la CCF y además porque “como miembro de la dicha organización participé en el atraco al Alfa Bank en isla de Paros”. Se trata de acusaciones que yo, por mi parte, rechazo desde el primer momento.

Me encuentro enfrentado a los graves cargos que forman parte de unas actas de acusación voluminosas,  que, por una parte están llenas de presunciones de la Unidad Antiterrorista sobre mi manera de vivir y por otra, resultan completamente vacías—naturalmente—en lo que se refiere a cualquier prueba.

3.
Los juicios no son representaciones teatrales. Pero sí son unos rituales. Rituales en los que el Poder del Capital restituye lo que define como Justo cuando considera que esto ha sido alterado. Rituales en los cuales se cristalizan las correlaciones sociales. En este juicio en concreto, lo que—entre otras cosas–está en juego, es tanto la legislación de la criminalización de entornos y luchas políticas enteras, como también de la criminalización de las relaciones personales que los luchadores sociales mantienen entre sí. La consolidación de una situación en que quien se resista tendrá que rendir cuentas al Poder no sólo por su calidad de “resistente” sino también por todos los aspectos de su vida social. O, dicho con otras palabras, la consolidación de una situación en que el hecho de ser anarquista ya por sí mismo constituye indicio de culpabilidad.

Lo único que queda es que toda amistad entre los anarquistas tenga el carácter de pertenencia a la organización terrorista.

Tasos Theofilou

Notas de traducción:
*Ley especial (delictum sui generis) introducida en Grecia en 1929 y cuyo objetivo fue la penalización de las llamadas “ideas insurrectas”, es decir del comunismo, anarquismo pero también del sindicalismo radical.