Siete estudiantes de distintas carreras de la UBA presos en Villa Devoto, tomaron esta medida ante el avance represivo del Servicio Penitenciario
Se trata de los compañeros Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan Carlos Pérez, Jorge Luís Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans (trasladado a Marcos Paz), quienes ya sufren claramente el deterioro de su salud. Los siete estudiantes de distintas carreras de la UBA presos en Villa Devoto, tomaron esta medida ante el avance represivo y desarticulador del Servicio Penitenciario Federal. Mientras tanto, el ministerio de Justicia y gobierno nacional fingen que nada sucede en sus cárceles de mala muerte. Reclamo de distintos sectores sociales y lucha en las calles.
Uno de los tantos pedidos que recibió y no respondió el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, fue el realizado por diversas organizaciones humanitarias que se reunieron en Neuquén días atrás. Por caso, y citando a la UBA las organismos afirman que: «Inconsultamente el SPF suspendió actividades universitarias, desplazó otras fuera de la órbita del CUD, desarmó pabellones de estudiantes, trasladó presos estudiantes a otras unidades penales, realizó un allanamiento asistido con fuerzas de seguridad en horario de clase y en presencia de un docente sometiéndolo a una seria situación de tensión; secuestró computadoras que son patrimonio de la Universidad; produciéndose incluso el faltante de un equipo nuevo en dicha maniobra , impidió el acceso a docentes, entre otras cuestiones de gravedad.»
Pero Alak no respondió ni media palabra al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión por la Memoria-Comité contra la Tortura – Provincia de Buenos Aires, Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) – Rosario, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios por los Derechos Humanos (CEDH) – Neuquén, Observatorio de DDHH – Río Negro, La Red de Derechos Humanos – Corrientes, Asociación de Defensores de Derechos Humanos – Pcia. Buenos Aires, Pasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Rosario, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Asociación Civil Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Asociación Zainuco (Neuquén), Asociación Civil La Cantora APDH-Mar del Plata, APDH de Azul, Grupo de Mujeres de la Argentina.
Por su parte, la Cámara de Diputados le solicitó informes y entre los fundamentos, los legisladores sostienen que: «De acuerdo al comunicado enviado por Leandro Halperin, Director del Programa UBA XII, y los coordinadores de las distintas carreras que se dictan en el CUD, a las autoridades de la UBA, esta situación ha generado (…) la pretensión de trasladar a otro sector de la cárcel el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares como los Cursos de Computación, la Asesoría Jurídica, la Asesoría Social, el Proyecto Ave Fénix y otras actividades cursos y talleres, todos ellos organizados por las distintas unidades académicas y coordinados por estudiantes y docentes, detenidos y del medio libre».
Tampoco el ministro o algún funcionario del autodenominado «gobierno popular» o del SPF se hicieron cargo real de esta grave situación que pone en peligro la vida de seres humanos. No constituye ninguna novedad, es cierto. Estamos hablando del SPF, una fuerza que asesina y tortura diariamente, sin controles ni castigos, a los hijos más vulnerables del pueblo. Hablamos de un gobierno que simula no tener excluidos que cada día mueren por hambre y por balas. Mañana, durante el corte de la 9 de Julio por la libertad de Martino, La Galle y otros presos por luchar, estará presente el reclamo de estos compañeros en huelga de hambre. La movilización del Movimiento Teresa Rodríguez, y otros sectores, ganó las calles de modo permanente y decidido con la carpa en el Congreso, charlas, cortes y marchas que esta Agencia difundió cada vez.
Como puede apreciarse, sin esfuerzos, desde las organizaciones territoriales hasta la Cámara de Diputados, cada cual con su estilo y fundamentos, reclaman por los estudiantes del CUD, a quienes el Estado decidió primero encerrar, luego apalear, más tarde cercenar su derecho a la educación y ahora deteriorar su salud y poner en riesgo sus vidas. Si algo grave pasara, el gobierno de Cristina Kirchner no podrá eludir sus responsabilidades. La historia nos ilustra, en abundantes episodios, que muchos otrora invencibles e intocables, tuvieron que dar cuenta sobre sus crímenes, más temprano que tarde.
Agencia Walsh