¡Libertad a los presos de Corral de Bustos!
El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas” reaccionaron masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y complicidad con que jueces, fiscales y policías actuaron frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. A la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, se sumaron el manejo de pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas a cargo de la policía local; fiscales y policías dedicados al armado de causas a favor de los ricos y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de dinero; la trata regenteada por el poder político y judicial que fueron el detonante, junto a la bronca contenida durante años, para que luego del entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y se dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.
Durante el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de torturas.
Seis de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución condicional.
Como muestra de la connivencia de los poderes del estado, están las acusaciones y las imputaciones por las que fueron juzgados los compañeros, propias del paquete de las denominadas leyes antiterroristas: “incitación a la violencia colectiva”, “coautores e instigadores de incendio doblemente agravado”, “lesiones en riña”, “fabricación y tenencia de bombas incendiarias”, “fabricación y tenencia de materiales capaces de causar estragos”, al solo efecto, y con la firme decisión política, de escarmentar la rebelión popular, criminalizar la pobreza y la protesta.
Las condenas no están firmes, pero los compañeros continúan presos, padeciendo las peores condiciones de alojamiento. El estado, que premia a los policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios asesinos y torturadores con beneficios a manos llenas, y sólo excepcionalmente los mantiene en las cárceles, aun con condenas firmes hasta de prisión perpetua, es, en cambio, implacable con sus enemigos de clase. Si para los presos pobres no hay excarcelaciones, morigeraciones, prisiones domiciliarias, ni nada salvo los húmedos muros de las cárceles, para los presos políticos, menos aún.
Por eso, hace unos días, tres de los compañeros presos en Corral de Bustos iniciaron una huelga de hambre, que luego levantaron, a la espera del resultado de las actividades a realizarse en Bellville y Villa María y la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires el 17 de diciembre.
Desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) expresamos nuestra rotunda solidaridad con los presos de la pueblada en Corral de Bustos, reivindicamos su condición de represaliados por enfrentar al aparato de poder estatal, y reclamamos su inmediata e incondicional libertad.
SOCIEDAD DE RESISTENCIA MENDOZA
En el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo)