Desde la prensa

Al menos 7 policías y 9 campesinos sin tierras murieron y alrededor de otras cien personas resultaron heridas este viernes en un enfrentamiento a tiros en una hacienda del departamento paraguayo de Canindeyú, lindante con Brasil.

El hecho se produjo en la Colonia Ybyrá Pytá, a unos 380 kilómetros al noreste de Asunción, después de que 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron a la hacienda Morumbí, del conocido empresario y político paraguayo Blas N. Riquelme, para desalojar por orden judicial a más de un centenar de invasores.

«Tenemos hasta el momento siete bajas, siete policías que han fallecido en este operativo judicial-policial» y al menos «nueve a diez campesinos» que también perdieron la vida, dijo el ministro de Interior, Carlos Filizzola, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Catalino Roy.

Según Filizzola, fueron los campesinos los que iniciaron el tiroteo, tras el cual algunos de ellos se adentraron en una zona boscosa, por lo que la zona está rodeada por la policía.

«Está controlada la situación», aseguró el ministro, que lamentó lo ocurrido en esa localidad del departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná.

Ante esa situación, el Senado y la Cámara de Diputados han anunciado sesiones extraordinarias para este viernes por la tarde para analizar la posibilidad de la declaración del estado de excepción en la zona afectada, según confirmaron fuentes del Legislativo.

Medios de prensa indicaron, además, que los congresistas pueden debatir sobre un posible trámite para destituir a Filizzola.

El ministro del Interior indicó que hasta el momento no han podido confirmar la presunta vinculación en el hecho del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal que opera en las regiones boscosas del noreste del país, en la frontera con Brasil.

«No tenemos datos hasta este momento de que haya sido la gente del EPP la que haya actuado en ésto, sino campesinos de distintos orígenes, de distintas extracciones que ya anteriormente habían actuado en ocupaciones en la estancia Morumbí y en atropello a la (sede de la) Fiscalía de Curuguaty», remarcó.

«Hubo disparos de parte de ellos (de los ocupantes), la policía también tuvo que responder. Se dispersaron los campesinos que estaban ocupando cierta parte de la estancia. Ustedes saben que es un terreno muy grande con zonas boscosas. Se metieron en la zona boscosa, la policía tiene rodeado hasta el momento el lugar», relató.

El ministro realizó esas declaraciones en la residencia presidencial Mburuvichá Róga, luego de reunirse con Roy y con el jefe de Estado, Fernando Lugo.

«Hay hombres a disposición en base a la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna de un apoyo de las Fuerzas Militares al procedimiento policial en Curuguaty», precisó Filizzola.

Las ocupaciones de haciendas por parte de grupos de campesinos sin tierras son constantes en la región del centro y noreste del país, principalmente en fincas de productores brasileños de soja, primera fuente de ingreso de divisas de Paraguay.

Según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes a la caída del régimen, lo que representa el 64,1 por ciento del total de tierras entregadas a los colonos.

Las tierras «mal habidas» según la CVJ, que pidió a los poderes del Estado tramitar su recuperación, representan el 32,7 por ciento de la superficie arable del país y el 19,3 de todo el territorio nacional.

La imputación contra ocho supuestos implicados en la muerte de seis policías durante un enfrentamiento en la colonia Ybyra Pytâ, departamento de Canindeyú, fue presentada por el Ministerio Público.

Los imputados son F.M.B. (15), Richard Ariel Barrios Cardozo, Luis Olmedo Paredes, Marcelo Trinidad Paredes, Miguel Ángel Correa Franco, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero Romero y Felipe Urbina.

Todos los mencionados están detenidos aunque algunos de ellos resultaron heridos en el mortal enfrentamiento. Los delitos imputados son homicidio doloso, tentativa de homicidio, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave, reportó el periodista de ABC Color Osvaldo Cáceres Encina.

Los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez detallaron que los mismos fueron detenidos y algunos asistidos en la cercanía del enfrentamiento que sucedió en la propiedad de Blas N. Riquelme.

El Ministerio Público solicitó al juzgado de Curugutay que los nueve imputados guarden prisión preventiva.

El viernes a la mañana un contingente de policías intentó ingresar a un campamento de campesinos “sintierras” para una revisión, pero los jefes fueron baleados. Allí hubo un enfrentamiento que arrojó la muerte de seis uniformados y nueve civiles.

Fuentes de la investigación confirmaron que los 6 policías abatidos en Curuguaty, recibieron impactos de perdigones en la zona de la cabeza y cuello.